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El movimiento asociativo de la salud mental reivindica la capacidad jurídica efectiva y real, en el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Foto cedida por Cortes de Castilla y León

El movimiento asociativo de la salud mental reivindica la capacidad jurídica efectiva y real, en el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Hoy 3 de mayo, hemos participado en la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las Cortes de Castilla y León, con Estefanía Arias como portavoz del movimiento asociativo de la salud mental.

Cada 3 de mayo se celebra el  Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde que fuera establecido oficialmente por el Consejo de Ministros en 2019 a propuesta del propio CERMI. En esta ocasión, los actos oficiales en Castilla y León han contando con el testimonio de tres personas representantes de diferentes colectivos de la discapacidad.

En representación del movimiento asociativo de la salud mental, Estefanía Arias ha hecho mención al último Informe de España sobre Derechos Humanos y Discapacidad del CERMI, en relación al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reivindicando que  “España sigue desoyendo las recomendaciones del Comité de regular los sistemas de apoyo a la toma de decisiones”.

Ha destacado, además que este artículo proclama que las personas con discapacidad tenemos capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que se necesiten para el ejercicio de esa capacidad jurídica. 

De esta forma, Arias ha recordado que el propósito de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de nuestra dignidad inherente”. De este modo, la convención introduce importantes novedades en el tratamiento de la discapacidad, además de exigir a los Estados Partes que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho internacional en materia de derechos humanos.

Por este motivo, se ha querido destacar, en estos actos de celebración del 3 de mayo, que  la aprobación del anteproyecto de reforma del Código Civil, llevado a cabo en el Consejo de Ministros del día 7 de Julio de 2020 y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 17 del mismo mes y año, ha sido una buena noticia.

Para concluir, se ha querido evidenciar que desde el tercer sector se apuesta por un modelo que sustituya la actual modificación de la capacidad legal, por sistemas de apoyo a la toma de decisiones como ya están implantados en otros países de nuestro entorno. Todo ello, desde la creencia de que mediante este sistema las personas con discapacidad son apoyadas por personas cercanas de su entorno en decisiones de tipo legal o patrimonial,  pero ellas tienen la última palabra sobre las mismas conservando su capacidad legal

*Foto obtenida de las Cortes de Castilla y León

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