Nos adherimos al Manifiesto de la Fundación Tutelar FECLEM, por una ciudadanía de pleno derecho
MANIFIESTO_POR UNA CIUDADANÍA DE PLENO DERECHO
Apostamos por los derechos de las personas con discapacidad, por el papel fundamental de las organizaciones sociales y pedimos responsabilidad por parte de las administraciones públicas.
Es una cuestión de justicia social el avanzar colectivamente hacia una sociedad más inclusiva, equitativa e igualitaria, en la que todas las personas tengamos garantizados los mismos derechos. La legislación vigente ampara a aquellas personas con discapacidad que necesitan apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica y la administración pública ha de dotar de herramientas a las entidades sociales encaminadas a este propósito.
QUÉ QUEREMOS
FINANCIACIÓN ADECUADA. Pedimos a la administración pública en materia de servicios sociales un respaldo adecuado y suficiente, para ofrecer servicios de calidad a las personas vulnerables con discapacidad que disponen de una medida judicial de apoyo, para la promoción y defensa de sus derechos en igualdad de condiciones.
ESTRATEGIA REALISTA. Queremos estrategias y políticas públicas en materia de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica bien definidas, para consolidar un modelo sostenible en Castilla y León que asegure la estabilidad y el futuro de nuestras entidades.
GESTIÓN PROFESIONAL. Reivindicamos que el desempeño de la curatela se base en parámetros ajustados a la persona, medibles y cuantificables, teniendo en cuenta la experiencia y profesionalidad de las fundaciones curatelares.
POR QUÉ LO QUEREMOS
Financiación adecuada y servicios de calidad a las personas vulnerables.
Pedimos a la administración pública en materia de servicios sociales un respaldo adecuado y suficiente, que garantice un servicio profesional, basado en la legislación en materia de discapacidad, teniendo en cuenta los deseos, preferencias y voluntades de la persona que necesita apoyos jurídicos. Queremos seguir ofreciendo servicios de calidad a personas que disponen de una medida judicial de apoyo para la promoción y defensa de sus derechos en igualdad de condiciones.
Hay que poner en valor el trabajo de las entidades con fines sociales, que desempeñan esta labor social encomiable en Castilla y León, propician el cambio social y retienen talento en nuestra tierra.
Estrategias y políticas públicas definidas.
Queremos estrategias y políticas públicas en materia de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica a personas con discapacidad bien definidas, para consolidar un modelo social sostenible en Castilla y León que asegure la estabilidad económica y el futuro de nuestra Fundación. La administración pública competente tiene que garantizar la participación real y efectiva de las organizaciones sociales y apoyarse en su experiencia y profesionalidad. Instamos a identificar claramente la misión y mecanismos de funcionamiento de la entidad pública y el papel que desempeña.
El incumplimiento de los compromisos políticos nos ha llevado a la inexistencia de un sistema de gestión del servicio y la ausencia de actualizaciones de los convenios de colaboración. Esta irresponsabilidad coloca en un punto crítico a entidades como FECLEM que llevamos tres décadas, que nacimos para cubrir una necesidad real y manifiesta que la administración pública no cubría.
El Decreto de Concertación 3/2022 del 17 de febrero 2022 marca los principios de actuación que han de seguirse para progresar en las medidas de inclusión. Las entidades de apoyos jurídicos estamos en sintonía con él, ya que promueve a la necesaria colaboración para desarrollar eficazmente “las medidas dirigidas a facilitar apoyos a la capacidad jurídica de las personas que tengan afectada su capacidad de obrar”.
Gestión profesional: parámetros ajustados a la persona, medibles y cuantificables.
Reivindicamos que el diálogo sea una herramienta real y permanente para construir un modelo que garantice nuestra estabilidad económica. Las entidades sociales somos las principales impulsoras del cambio social y las que respondemos ante los desafíos del día a día. Por ello, pedimos una concertación responsable, que propicie el bienestar social de las personas que necesitan apoyos en la toma de decisiones. En otras Comunidades Autónomas existen sistemas de concertación o convenios que podemos tomar como referencia y que fortalecerían nuestro papel como colaboradores necesarios de la administración pública.
Pretendemos que, en materia de apoyos jurídicos, el desempeño de la curatela se base en parámetros ajustados a la persona, medibles y cuantificables. Las personas con discapacidad por un problema de salud mental tienen que disponer de políticas públicas que garanticen el ejercicio de su capacidad jurídica. Hay que promover planes de vida en consonancia con la Ley 8/2021, para “permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales”.