Este pasado viernes, los y las representantes regionales del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona participaron en el Taller «Derechos Humanos y Salud Mental» dirigido por nuestra asesora jurídica y Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid, Cristina Guilarte.
A lo largo de toda la jornada, el grupo pudo aprender y actualizarse en torno a la normativa referida a los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, así como plantear sus dudas y analizar sus popias experiencias personales junto a nuestra jurista. Un nuevo encuentro centrado en seguir aportando las herramientas necesarias para que las personas con problemas de salud mental sean protagonistas en primera persona de sus decisiones vitales y en torno al diseño de su proyecto de vida.
Aprovechamos la ocasión para plantearle alguna preguntas a Cristina Guilarte.
Cristina, ¿cuál es el objetivo de este taller y cuáles son esas ideas fundamentales que se van a llevar las personas participantes?
En este taller, por quienes son los destinatarios de la formación, me parece imprescindible para sean muy conscientes de que para ejercitar los derechos y para defenderlos es preciso que los conozcan. La primera parte del taller, se ha centrado en dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y estudiar los contextos en los que aparece una vulneración con más frecuencia. Y la segunda parte del taller, se ha dirigido a otro aspecto que es fundamental, que es conocer los instrumentos que proporciona el Derecho a las personas con problemas de salud mental para anticipar sus decisiones y canalizar su voluntad, a través de estos instrumentos que proporciona la ley nueva, la ley 821, que es el acuerdo de apoyos. También vamos también sobre las instrucciones anticipadas o directivas anticipadas y el plan de crisis.
Como experta en Derechos Humanos, si tuviéramos un baremo del 1 al 10, ¿qué posición, en cuanto a vulneración de sus derechos, ocupan las personas con problemas de salud mental?
Yo creo que es el colectivo que ve vulnerados sus derechos en mayor medida porque hay un derecho del que se ven privadas las personas en el momento que debutan con un problema de salud mental, que es el derecho a decidir; el derecho a decidir sobre su propia vida, ya que se cuestiona su capacidad para tomar decisiones cuando, efectivamente, una persona que está en un momento de crisis no puede tomar decisiones. El derecho así lo prevé; lo que hace el derecho es proteger los derechos de la persona al no permitir que tome decisiones en un contexto en el que no debe de tomarlas, porque no puede efectivamente en ese momento conformar su voluntad. Pero estas personas no siempre están en crisis y, sin embargo, se cuestiona su capacidad para decidir sobre el tratamiento médico, sobre si ingresan o no, y sobre otras cuestiones que son decisiones que corresponden a su propia vida, a la esfera personal o a la esfera familiar.
Entonces, por ejemplo, pensemos en la maternidad. Mujeres que al dar a luz tienen un problema de salud mental y eso implica que, para proteger al bebé, haya que tomar una decisión de separar al niño de la madre. Bueno, pues aquí es muy frecuente que esta madre ya tenga muchas dificultades para recuperar con normalidad a su bebé. El Derecho lo que hace primero es proteger al bebé, pero necesitaríamos que además el Derecho garantizara también el derecho de la madre a su vida familiar; y que desde lo social se acompañara a esta madre para recuperar sus habilidades como madre. Esto lo hemos visto frecuentemente. Estamos poniendo el foco en que es fundamental que la persona objeto del derecho conozca cuáles son esos derechos y cómo poder desarrollarlos, exigirlos y defenderlos.
¿Hasta qué punto consideras que también es necesario educar e informar al resto de agentes desde todas esas otras esferas que puedan intervenir directamente en un proceso de salud mental (sanitario, judicial, familiar, educativo)?
Yo creo que tenemos que darnos cuenta que la formación tiene que ser para todos los operadores. La primera persona concernida es la propia persona y aquí tenemos que trabajar mucho para empoderarlas. Hoy he visto en el taller, que cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad, te dicen que no te corresponde tomar esta decisión, que no puedes tomar esta decisión, que tú no tienes este derecho, y tú te vas haciendo pequeño y vas perdiendo la capacidad de respuesta.
Tú necesitas , con talleres de este tipo, que te den a conocer tus derechos y saber que en ningún momento los pierdes. Tenemos que empoderar a las personas, eso por una parte. Y luego necesitamos trasladar a todas las personas que tienen relación con esto, ya sea en la propia Universidad, estudiantes, en Trabajo Social, en la administración, en la judicatura, entre los abogados, que hay que formar en Derechos Humanos en Salud Mental, para que se conozcan. Existe un desconocimiento y una ignorancia enorme en relación con este tema. Un trabajo importante se centra en el estigma, que es lo primero que ellos te dicen: «no me trataban bien en el colegio; se reían de mí; me acosaban; no quieren saber nada de mí; no quieren trabajar conmigo; …». Hay que hacer más incapié en la labor de difusión, de conocimiento.
Yo creo que hay una cierta sensibilidad ahora con los temas de salud mental, por ejemplo al referirnos como salud mental y no enfermedad, eso también ayuda. Pero yo creo que desde la judicatura hace falta cambiar algunos procesos; hace falta fortalecer otros, pero tienen que estar formados. Naturalmente, todos tenemos que conocer, yo mis derechos para defenderlos y también tus derechos para respetarlos; especialmente en este colectivo que hemos destacado que es el más vulnerado.
Un joven con discapacidad intelectual, por ejemplo, es más estable en su desarrollo de vida. En cambio una persona con problemas de salud mental pasa por desequilibrar el entorno y desequilibrarse él. Por ello, la intervención que necesitamos tiene que ser desde el derecho, lo social y lo médico. Por eso tiene que haber alianza entre los tres ámbitos, porque hay que ayudar a la persona a recuperar su vida, desde la medicina; acompañarla en el proceso de recuperar su vida desde lo social; y luego garantizar los derechos, empoderar a la persona, permitirle que tome sus propias decisiones.
La persona con problemas de salud mental no siempre está en condiciones de no decidir. Por lo tanto, ¿tenemos que adaptar el derecho a esa situación?
Claro, y se tiene que reconocer en ese momento la capacidad que tú tienes para anticipar lo que quieres que pase cuando florece la enfermedad. Es muy importante darnos cuenta de que la salud mental requiere del derecho una especificidad. Hay una convención de Nueva York que garantiza los derechos de todas las personas, pero luego vamos a trabajar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial porque se vulneran de manera distinta. Es importante tener muy en cuenta estas particularidades. Y de hecho muchas veces no se quejan tanto de que los internan involuntariamente, sino de que no les dejan decidir. Lo que cuestionan es que les dejan de escuchar, no les explican, no les informan, estás tomando decisiones por ellas en las que no intervienen, cuando cualquier otra paciente sí interviene en su proceso terapéutico. Las personas con discapacidad psicosocial no son protagonistas de su propio proceso terapéutico.
