Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, una fecha clave para recordar que los derechos fundamentales pertenecen a todas las personas, sin excepciones. En este contexto, desde el movimiento asociativo Salud Mental Castilla y León nos sumamos a impulsa la campaña #DerechoANuestrosDerechos; una iniciativa de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA que este año pone el foco en la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental frente a la posible aprobación del Protocolo adicional al Convenio de Oviedo.
Gracias a la presión sostenida de la sociedad civil y del movimiento asociativo, la aprobación del Protocolo adicional está paralizada desde 2022. Sin embargo, todo indica que en enero de 2026 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) retomará el proceso para someter el texto a votación.
Ante esta situación, la campaña busca evitar definitivamente su aprobación, denunciar las medidas coercitivas todavía presentes en el sistema sanitario y reforzar la exigencia de un modelo de atención en salud mental basado en los derechos humanos, la autonomía y la voluntad de las personas.
Incidencia política y defensa activa de derechos
Desde su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, y de defender sus derechos, el movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA ha desarrollado una intensa labor de incidencia política a nivel europeo. Entre otras acciones, ha enviado cartas personalizadas a miembros de la PACE solicitando un dictamen negativo ante el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo.
Esta tarea se suma al trabajo coordinado con organizaciones europeas, como Mental Health Europe, y se refuerza con campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.
La campaña #DerechoANuestrosDerechos, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, subraya una idea fundamental tener un problema de salud mental no reduce ni limita los derechos humanos. La dignidad humana no depende de un diagnóstico y la legalidad debe aplicarse en igualdad de condiciones para todas las personas.
Con este objetivo, integrantes del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA han elaborado un Posicionamiento que aporta una mirada ética y vivencial. En él se recuerda que “el derecho natural a la inclusión sigue enfrentándose a miradas que juzgan, silencios que apartan y barreras que limitan”.
La campaña se completa con una serie de infografías divulgativas que explican de forma clara qué es el Convenio de Oviedo, cuál ha sido su recorrido, qué plantea el Protocolo adicional y por qué es necesario frenar su avance.
Un modelo anclado en el pasado
El presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, advierte de que el Protocolo adicional responde a “un modelo biologicista y obsoleto de la salud mental”, incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), que es de obligado cumplimiento para el Estado español.
Según explica, este texto autoriza la privación de libertad basada en la presunción de riesgo, legitima los internamientos y tratamientos involuntarios, no promueve alternativas comunitarias respetuosas con la voluntad de las personas e ignora las advertencias de organismos internacionales como la ONU.
Además, avala prácticas como la medicación forzosa, la contención física y química o el aislamiento, medidas que lejos de proteger los derechos, pueden vulnerarlos gravemente.
El Convenio de Oviedo nació para proteger la dignidad humana frente a los avances biomédicos. Sin embargo, el Protocolo adicional —redactado en 2013— puede suponer un retroceso al confundir coerción con cuidados y reforzar la institucionalización en psiquiatría.
Desde 2014, organizaciones de la sociedad civil, personas usuarias y supervivientes de la psiquiatría se oponen de forma firme a este Protocolo. Existe, además, un consenso creciente en los ámbitos médico y científico sobre la necesidad de eliminar la coerción en salud mental.
Frente a este texto, emerge como alternativa la ‘Recomendación sobre el respeto de la autonomía en la atención de salud mental‘, un documento elaborado con la participación activa de las personas con discapacidad y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.
Una obligación inmediata, no aplazable
Como señala el Posicionamiento que vertebra esta campaña, “la dignidad humana y una mirada ética de la práctica médica no pueden aplazarse”. La abolición de las prácticas abusivas y coercitivas en salud mental es una obligación de aplicación inmediata, no una meta futura condicionada por recursos o planificación.
Desde el movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA reclamamos una inversión suficiente en salud mental, el refuerzo de los equipos profesionales y el fortalecimiento de la atención comunitaria, factores esenciales para evitar el uso de medidas de control en lugar de apoyos terapéuticos.
Asimismo exigimos un dictamen negativo, claro e inequívoco sobre el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo y llama a avanzar hacia políticas que respeten de manera real la autonomía, la dignidad y los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.
