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Un sistema de protección social irreversible

Un sistema de protección social irreversible

Artículo de opinión publicado el pasado 12 de diciembre, en el Norte de Castilla, con motivo del 10 aniversario de la Ley de la Dependencia

Se cumplen 10 años de la mal llamada “Ley de Dependencia”. Después de este tiempo es justo que empecemos a llamarla “Ley de la Autonomía Personal”. Esta norma quiso reforzar uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar: el sistema público de servicios sociales. El actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está fuera de toda duda, ya que este dispositivo de protección social resulta, a día de hoy, fundamental para dar respuesta a las necesidades de muchas personas con discapacidad y personas mayores que precisan apoyos de toda índole, para su autonomía personal, la vida independiente y su inclusión social.

Los objetivos de la Ley, diez años después, siguen estando muy presentes en nuestra sociedad: “atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”. Estos objetivos supusieron un hito, en la medida que se articularon entorno a un derecho protegido jurisdiccionalmente. Pese a los graves problemas de modelo, desarrollo y financiación, denunciados por los movimientos sociales desde su aprobación en 2006, la existencia de este sistema de protección social es irreversible, y solamente se debe actuar sobre él para fortalecerlo y mejorarlo, de acuerdo con las expectativas y necesidades de cientos de miles de ciudadanos mayores y con discapacidad, además de sus familias.

A lo largo de estos diez años de vigencia de esta norma, hemos vivido periodos económicos que han producido importantes desajustes y dificultades para su efectiva consolidación. Las políticas de austeridad y los recortes presupuestarios no pueden ser por más tiempo la excusa para debilitar los derechos sociales, sino que es el momento de lograr un gran pacto de Estado que refuerce de manera irreversible los derechos sociales, aspecto que cobra especial relevancia en aquellos países que sitúan al ciudadano en el centro del sistema y articulan entorno a sus necesidades las políticas públicas.

 

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