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Cerramos nuestro 25 Aniversario con la visita de tres de nuestros asesores en salud mental

Han sido muchos los actos que hemos vivido este año 2018 bajo el marco de celebración del 25 aniversario de nuestra Federación. En el último de ellos hemos podido reunir a tres de los principales asesores externos que el movimiento asociativo salud mental en Castilla y León ha tenido a lo largo de toda nuestra historia.

Asesores que en todo este tiempo han dejado su legado de conocimiento a favor de la evolución y la mejora del colectivo de la salud mental. Desde el ámbito jurídico, el abogado Jesús Lozano; desde la óptica de la psiquiatría, Martín Vargas Aragón (actual presidente de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial FEARP); y desde el trabajo social, Luis Ignacio García Vidal, actual gerente de la Fundación Tutelar Feclem.

Por ello, aprovechando el reencuentro hemos querido rendirles un sentido reconocimiento a su labor con la entrega simbólica de la placa conmemorativa del 25 Aniversario, y que en este 2018 ya hemos entregado a otras personas vinculadas con nuestro movimiento asociativo.

En un foro distendido y de confianza hicimos un repaso a la historia no sólo de nuestra Federación sino de todo el movimiento asociativo en Castilla y León. Recordaba el doctor Vargas, los años 1986 y 1987 cuando «un grupo de familiares, entre ellos Germán Fernández o Jesús Villarejo, comenzaron a organizarse asociativamente», pero pasados todos estos años reconoce «no poder haber imaginado el volumen y el éxito alcanzado por esta iniciativa en la que hay que destacar cómo las familias hemos conseguido aplicar racionalidad al sufrimiento que había en casa».

Por su parte, Luis Ignacio García recordó su vinculación al movimiento en el año 1992 «y el cierre de los hospitales psiquiátricos que propugnaba un modelo comunitario«, con inicios «desiguales en España en cuanto a la creación de asociaciones, pero con objetivos comunes». Destaca este profesional el nacimiento de la Federación «con vocación de organizar y crear servicios de atención, generados y creados desde las propias asociaciones reivindicándose como protagonistas de programas específicos en salud mental».

Jesús Lozano coincidió con el resto de asesores en la enorme evolución, «cuando las primeras resoluciones que se tomaban en torno al colectivo eran peticiones de familiares para los ingresos sanitarios pero por vía judicial en el hospital psiquiátrico Doctor Villacián de Valladolid». Para este jurista, la Federación ha representado «el motor de las asociaciones, que vino a poner orden e impulsar los servicios sociosanitarios que no existían».

Martín Vargas también habló de la una etapa finalizada «en la que os habéis consolidado como interlocutores con la Administración y como proveedores de servicios, y que ahora es el momento de convertiros en el motor de cambio de la atención a la salud mental alcanzando posiciones de representación como la AECC o el movimiento de Alzheimer». También destacó la idea de «centrase en potenciar la investigación y la excelencia en los servicios».

De la misma forma, desde el plano jurídico Lozano puso sobre la mesa la recién ley aprobada en la que se garantiza el derecho al sufragio a las personas con discapacidad, y quien destaca que el sistema de protección en sí mismo «puede, a la vez, representar una privación de los derechos«, además de destacar que aún hoy «la condición mental de una persona agrava las condenas y las condiciones de su cumplimiento».

Retos de futuro

En cuanto a los nuevos retos que estos expertos aconsejan afrontar; Ignacio García sitúa en el presente el momento de «las alianzas y las convergencias entre el movimiento asociativo; lo público y lo privado y entre los colectivos trasversales afines; es el momento de escucharnos y trabajar juntos».

Para Jesús Lozano es prioritario «estar atentos a las realidades y centrarnos en el trabajo como la mejor y principal alternativa de la salud; hay que aprovechar cada gesto a favor del empleo inclusivo«.

Por su parte, Martín Vargas considera que es el momento «de retomar el papel reivindicativo ante la Administración pero desde la mayoría de edad que ya se tiene y, principalmente, exigir modelos de calidad implantados dentro de una sanidad que aglutina el 55% del presupuesto regional». A ello, añade el objetivo de trabajar en la puerta de entrada a la enfermedad mental y potenciar programas preventivos, especialmente los dirigidos a la población más joven,»el consumo de cannabis en población de entre 15 y 20 años; así como desescalar la intervención asistencial a partir de los 40 o 45 años».

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