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El Cermi y el tercer sector al frente de las reivindicaciones en la crisis del Covid-19

El Cermi y el tercer sector al frente de las reivindicaciones en la crisis del Covid-19

A lo largo de estos días en los que nos hemos visto ‘asaltados’ por un estado de alarma y por el aislamiento social, desde el movimiento asociativo de la salud mental hemos estado trabajando desde la retaguardia pero sin descanso para poder coordinar el trabajo de asistencia a las personas más necesitadas y vulnerables de nuestra sociedad.

Unidos más que nunca, si cabe, el tercer sector de la nuestra Comunidad representado a través del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (CERMI Castilla y León) ha exigido a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, algunas medidas urgentes y prioritarias para todos nuestros colectivos.

Entre ellas destaca la priorización en la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas y a los trabajadores que las apoyan y atienden, como población diana en riesgo extremo.

Asimismo, la entidad también ha pedido que estos test rápidos se extiendan a las personas con discapacidad que viven en sus domicilios que por sus grandes necesidades de soporte reciben apoyos por parte de asistentes personales y otros profesionales de la atención social directa, así como a estos mismos trabajadores.

A juicio del CERMI, la declaración oficial como servicios esenciales en esta crisis de salud pública de los distintos sectores sociales, entre ellos discapacidad y personas mayores, justifica esta “priorización” en la puesta en práctica del diagnóstico rápido del coronavirus, que permitirá dar respuestas preventivas, de contención y asistenciales más rápidas y eficaces.

Los poderes públicos disponen de la información sobre la identificación y localización de los recursos residenciales y de apoyo a la autonomía personal de personas con discapacidad, por lo que no hay excusa para actuar con inmediatez, desplegando campañas de diagnóstico amplio en estos ámbitos de la atención social.

Igualmente, nos hemos adherido a la petición realizada por CERMI Estatal en la que se exige a las autoridades sanitarias que aseguren que no se discrimina por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el  coronavirus, pues la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona.

Los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de sociedades científicas están sometidos al ordenamiento jurídico y al principio fundamental de no discriminación, y no pueden aplicarse en contra o a costa de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad. El CERMI reclama, por ello, a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas, y pide al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.

Asímismo, se ha reclamado, al Ministerio de Sanidad la máxima urgencia en el reparto territorial de nuevos suministros de equipos de protección individual contra el coronavirus. La protección individual de las personas que están en primera línea prestando atención sanitaria y social y recibiéndola es absolutamente esencial para que los dispositivos de combate contra la pandemia den resultado, si no asegura a las personas que están sobre el terreno, la cadena de contención y cuidados quebrará.

La centralización acordada por el Gobierno de la adquisición y suministro de estos equipos de protección personal, encomendada al Ministerio de Sanidad, debe servir para que todos los territorios cuenten con material suficiente y renovado para hacer frente a la pandemia.

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