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Nos reunimos para analizar la intervención de nuestro movimiento asociativo dentro de los Centros Penitenciarios

GT Centros Penitenciarios

Nos reunimos para analizar la intervención de nuestro movimiento asociativo dentro de los Centros Penitenciarios

Esta semana hemos celebrado un Grupo de Trabajo con los profesionales del movimiento asociativo que desarrollan el programa de intervención con población reclusa con problemas de salud mental. Una iniciativa que se enmarca dentro del Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) por la que se ha intervenido, durante el pasado 2021, con 233 personas (153 hombres y 80 mujeres).

El ‘Programa de Apoyo a la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental Internas en Centros Penitenciarios. Apoyo a la Rehabilitación Psiquiátrica’ tiene como objetivo dar respuestas personalizadas a la población con problemas de salud mental que se encuentra interna en centros penitenciarios, así como a sus familiares y personas allegadas, así como ofrecer formación y sensibilización a profesionales funcionarios de los centros. El programa se desarrolla en los 8 centros penitenciarios que existen en Castilla y León, y se financia a través de la asignación tributaria del 0’7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el apoyo de la Confederación Salud Mental España.

«Nuestra intervención busca detectar los casos de personas con algún trastorno mental para poder poner en marcha una atención que mejore su calidad de vida y favorezca su reincorporación social», explica Mercedes de Blas, responsable del proyecto en la entidad Salud Mental Salamanca. «Desde nuestro programa trabajamos en coordinación con el equipo técnico del centro penitenciario lo que nos permite intervenir de una manera más integral y personalizada y así alcanzar mejore resultados», suscribe esta técnico.

A través de este tipo de intervenciones se trabajan diversas áreas como: rehabilitación psicosocial y apoyo social; estimulación cognitiva; psicoeducación y apoyo psicológico; coordinación sociocomunitaria y apoyo a la reincorporación social; y formación y sensibilización a personal funcionario e internos e internas de apoyo.

«La fórmula que normalmente utilizamos son la de las sesiones terapéuticas, que incluyen una parte teórica y otra práctica, y donde analizamos y exponemos sus necesidades, inquietudes y estado de ánimo, entre otros», explica Mercedes. Además, el trabajo se desarrolla tanto en sesiones grupales como sesiones de atención individual, «en función de la necesidad de cada persona».

Después de años trabajando en este programa, los resultados más significativos que se aprecian se centran en «poder hablar de problemas de salud mental con la normalidad que se merece, además de que se rompen estigmas y autoestigmas aún presentes; y por otra parte hemos comprobado que nuestra intervención facilita la creación de redes de apoyo que facilitan en gran medida la vida tanto dentro del centro penitenciario como fuera del mismo», añade Mercedes.

Grupo de Trabajo Centros Penitenciarios

No obstante, unos de los puntos fuertes de nuestro programa de intervención con población reclusa se destaca en el trabajo orientado a la etapa posterior a la excarcelación, «para lo que reforzamos la preparación de forma previa y hacemos acompañamiento en ese difícil proceso de reincorporación social, donde ofrecemos el apoyo, en algunos casos, a través de la figura del asistente personal», concluye esta técnico.

Junto al trabajo directo con la población reclusa se significa el trabajo realizado a los y las profesionales de los centros, como el curso desarrollado en este año por la asociación FAEMA Salud Mental Ávila. «A partir de la la propia demanda de personal funcionario para mejorar su conocimiento acerca de la salud mental, ya que su percepción era de una elevada prevalencia entre las reclusas, pusimos en marcha el curso ‘Enfermedad mental y manejo de situaciones difíciles relacionadas’, explica Cristina Gaitero responsable del mismo en  la entidad.

El objetivo de esta formación ha sido concienciar, formar, orientar y proporcionar recursos a los equipos profesionales de las prisiones de manera que puedan prestar ayuda y apoyo a las internas con problemas de salud mental. «A lo largo de dos sesiones de tres horas cada una, hemos tratado de proporcionar las herramientas que permitan saber cómo abordar una situación compleja entre estas mujeres, además de ampliar el conocimiento en torno a la salud mental, los síntomas y también abordamos el tema del suicidio y su prevención como petición expresa de este quipo del centro de Brieva», comenta Gaitero.

Entre las habilidades que se han trabajado destaca «la escucha activa y empática a partir de evitar la alarma y los juicios; y la detección de la señales verbales y no verbales de alguien que pueda estar considerando un intento autolítico así como las fórmulas para comunicarse con esa persona», explica la técnico.

Respecto a la evaluación de los y las profesionales que se formaron con nuestra entidad, destacaron especialmente «poder expresarse y desahogarse sobre las dificultades que abordan cada día y el impacto que tiene en ellos, pero también la posibilidad de abrir su perspectiva en torno a los mitos e ideas frecuentes aunque equivocadas acerca de la salud mental», concluye Cristina.

Grupo de Trabajo

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar una reunión del Grupo de Trabajo de Centros Penitenciarios que coordinamos desde la Federación, con la participación de 16 profesionales que intervienen en el marco de estos programas. El objetivo es generar un punto de encuentro entre nuestras asociaciones para compartir experiencias y buenas prácticas. También se compartieron dificultades y necesidades en el marco de este programa.

En la segunda parte de la reunión contamos con Rocío Alvárez del Centro de Inserción Social (CIS) de Santander y de Marta Vega de la asociación ASCASAM Salud Mental Cantabria que nos explicaron en qué consiste el Programa PUENTE EXTENDIDO, programa “oficial” del Ministerio de Interior, en el que se interviene de manera conjunta desde el CIS y la asociación, con personas que tienen medidas alternativas a la pena privativa de libertad.

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