Estefanía Arias, representante del movimiento asociativo salud mental, participa en la lectura del Manifiesto del 8M de la Fundación Cermi Mujeres
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la Fundación CERMI Mujeres se ha elaborado el Manifiesto en el que se recogen las reivindicaciones del colectivo de las mujeres con discapacidad. En esta ocasión, ha sido Estefanía Arias, vocal de Junta Directiva de Salud Mental Palencia, así como miembro del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Federación Salud Mental Castilla y León, y miembro de la Red Estatal de Mujeres y de la Comisión de Adecuación Ética de la Confederación Salud Mental ESPAÑA, quien ha representado a todas las mujeres con problemas de salud mental del movimiento.
Junto a otras mujeres integrantes del Cermi Castilla y León, en la sede la ONCE en Valladolid, ha tenido lugar de la lectura del Manifiesto del 8M, bajo el título ¡El futuro que queremos!
MANIFIESTO
En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la Fundación CERMI Mujeres reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un mundo donde las mujeres y niñas con discapacidad seamos reconocidas como lideresas y agentes de cambio, libres de discriminación, violencia y exclusión. A pesar de los avances significativos en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y en favor de las personas con discapacidad, aún enfrentamos desafíos críticos que requieren de una atención urgente y de acciones decididas.
Somos más de dos millones y medio de mujeres con discapacidad decididas a construir el futuro que queremos y estamos convencidas de que la tarea de diseñar la hoja de ruta que debemos seguir arranca aquí y ahora, con el conocimiento y las experiencias acumuladas desde que comenzamos a organizarnos allá por la década de los noventa.
La situación de exclusión social y discriminación que enfrentamos las mujeres con discapacidad en España, al igual que en muchas otras partes del mundo, es compleja y multifacética, ya que se encuentran en la intersección de varias formas de opresión. Esta discriminación múltiple e interseccional afecta de manera significativa nuestra calidad de vida y dificulta nuestra participación plena en la sociedad.
Las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a obstáculos significativos en el mercado laboral, no solo por prejuicios sobre nuestras capacidades, sino también por la interacción entre estas percepciones y estereotipos de género. Esto se traduce en tasas de empleo más bajas, condiciones laborales precarias y segregación ocupacional.
Además, debido a que el imaginario social no nos considera mujeres y, por ende, potenciales víctimas de violencias machistas, nos encontramos con dificultades añadidas a la hora de acceder a servicios de apoyo y protección, por la inexistencia de recursos accesibles y apropiados para nuestras necesidades específicas.
La discriminación interseccional complica también nuestro acceso a servicios de salud adecuados, incluida la información y atención relacionados con la salud sexual y reproductiva. Las barreras incluyen no solo la accesibilidad física y a la comunicación, sino también prejuicios y falta de preparación del personal de salud para atender de manera inclusiva y respetuosa.
Por su parte, hay que tener presente que nuestra representación y participación en espacios políticos y sociales es muy limitada, por ello es fundamental promover nuestra inclusión activa para asegurar que nuestras perspectivas y necesidades sean consideradas en la toma de decisiones.
Las barreras en la educación para niñas y mujeres con discapacidad son, asimismo, un claro ejemplo de discriminación. Estas barreras no son solo físicas, sino también actitudinales, lo que limita nuestro acceso a oportunidades educativas inclusivas y de calidad, restringiendo así nuestro potencial de desarrollo personal y profesional.
Para abordar estos desafíos, es crucial una estrategia integral que incluya políticas públicas dirigidas a eliminar barreras físicas, comunicativas y actitudinales; promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad; garantizar nuestro acceso real y efectivo a la justicia; mejorar la inclusión en el mercado laboral y asegurar nuestra participación en todos los aspectos de la vida social, económica, y política. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, y las propias mujeres con discapacidad organizadas es fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
Por todo ello, este 8 de marzo las mujeres con discapacidad organizadas de nuestro país elevamos nuestra denuncia para EXIGIR:
- La total erradicación de la violencia contra las mujeres con discapacidad, a través de medidas efectivas para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando nuestro a servicios de apoyo adecuados. La violencia no solo es un atentado contra nuestra integridad física y psicológica, sino también un obstáculo grave para nuestra participación plena en la sociedad.
- Sistemas de justicia accesibles y sensibles a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, que superen las inercias capacitistas y patriarcales que aún impregnan su quehacer y que garanticen nuestro derecho a una protección efectiva frente a la violencia y abusos, promoviendo nuestra participación real en procesos judiciales.
- Un empoderamiento económico a través de la implementación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades en el empleo y la educación para podamos desarrollarnos profesionalmente
- El derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a acceder a servicios de salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva, sin discriminación ni coacción.
- La garantía de que exista una representación equitativa de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los espacios de toma de decisiones, desde el ámbito local hasta el internacional, asegurando nuestra voz y liderazgo en la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias.
- Una educación accesible e inclusiva que reconozca e incorpore las demandas s específicas de las niñas con discapacidad, como piedra angular para el empoderamiento y autonomía desde edades tempranas.
- La remoción de todas las barreras físicas, comunicativas y actitudinales que impiden a las mujeres y niñas con discapacidad vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida comunitaria.
Las mujeres con discapacidad enfrentamos desafíos únicos que requieren una respuesta política coordinada, inclusiva y efectiva. Por ello, resulta clave la rendición de cuentas por parte del gobierno respecto a las políticas que benefician a las mujeres con discapacidad. Se trata de un imperativo ético y legal que subraya el compromiso con la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos humanos. La rendición de cuentas en este contexto no solo implica la creación y aplicación de políticas específicas, sino también un monitoreo continuo y una evaluación transparente de su impacto y eficacia. Esta rendición de cuentas incluye necesariamente el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por España.
Desde aquí hacemos un llamado a la reivindicación, a la solidaridad, a la empatía y al compromiso activo de toda la sociedad española con el fin último de construir un mundo más inclusivo, justo y equitativo. Porque la lucha por la igualdad y la inclusión de las mujeres con discapacidad es una lucha que nos concierne a toda la ciudadanía.
No descansaremos hasta que todas las mujeres, con o sin discapacidad, tengamos la oportunidad de vivir vidas libres de discriminación, violencia y limitaciones.
Porque el futuro que queremos ya ha comenzado.