“El problema a la hora de acceder a nuestros derechos y libertades no es la discapacidad psicosocial, sino las barreras actitudinales de la sociedad”
Gonzalo Nielfa es licenciado en Derecho, miembro del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Salud Mental ESPAÑA, además de activista de la asociación ASIEM de Salud Mental Valencia.
Recientemente Gonzalo participó en la segunda sesión de nuestro Ciclo de charlas Ciudadanía Activa, dirigidas a los Comités Pro Salud Mental en Primera Persona de nuestras asociaciones, como conferenciante para analizar la situación que viven las personas con problemas de salud mental en cuanto al respeto de sus derechos fundamentales. Aprovechamos esta gran oportunidad para charlar con él y hacerle algunas preguntas.
¿Qué conceptos has querido compartir con nuestro Comité Pro?
-Lo que he hecho ha sido una aproximación específica a los relativo a Derechos Humanos a nivel jurídico y que pueda afectar a las personas con problemas de salud mental.Todo a partir de mi formación y experiencia en el propio Comité de Derechos Humanos de nuestra Confederación pero también de mi propia experiencia. Por una parte, he acercado una parte teórica que se aplica a la vida cotidiana de las personas para que se pueda entender qué es un derecho fundamental y una libertad pública; cómo nos afecta como sujetos. Les he explicado que existe un marco jurídico desde la Constitución, y unas leyes que definen estos derechos y que el problema viene de su aplicación determinada, en muchas ocasiones, por el estigma hacia el problema de salud mental.
¿Existe mucha desinformación entre las personas con discapacidad psicosocial en torno a sus derechos?
-Debo decir que en este grupo en concreto están muy al día de las controversias que existen en torno a los Derechos Humanos en salud mental y libertades fundamentales. Creo que hay un buen equipo para seguir trabajando en la labor reivindicativa y de sensibilización.
¿Qué temáticas les han preocupado especialmente?
-Han destacado por un lado los retos a los que debemos hacer frente, pero sobre todo han manifestado las injusticias que aún se siguen viviendo en materia de discapacidad psicosocial. Hemos hablado de internamientos involuntarios, de contenciones mecánicas, también del tema de la reforma de la Ley 8/2021 y de cómo recuperar la capacidad, de cómo acceder a la vida independiente sin pasar por un recurso residencial sino es necesario para esa persona, incluso de esos casos de estigma de la sociedad como, por ejemplo, negar un contrato de alquiler por ese problema de salud mental. Son cuestiones que tienen una vinculación directa con la exigencia del derecho a la igualdad que ya está ratificado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Cuál es para ti el principal problema a la hora de garantizar estos derechos?
-Es importante, y así se lo he trasladado, que quede claro que el problema no son las personas con discapacidad o problema de salud mental sino las barreras actitudinales de la sociedad hacia el libre desarrollo de estos derechos y libertades.
¿Es fácil para estas personas el acceso a su defensa jurídica?
-Cualquier persona debe saber que puede acudir a los cuerpos de seguridad para denunciar una vulneración de sus derechos, pero si no puede o no ha funcionado ese canal siempre puede acudir a nuestro movimiento asociativo ya que es una función esencial del movimiento la interlocución con las instituciones. Para mí el problema es que si llegamos a este punto es que ya vamos tarde, debemos trabajar para velar y garantizar los derechos para así no tener que exigir el resarcimiento del daño causado.