El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos, 2022, de SALUD MENTAL ESPAÑA centra su mirada en el empleo y la autonomía personal

El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos 2022,  es un documento de carácter anual que cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En él, se exponen las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental, recogidas a través del Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, con la colaboración de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación.

En esta ocasión, entre otras cuestiones, el informe hace especial hincapié en visibilizar y denunciar las carencias que tiene el mercado laboral y que impiden una inclusión social real de las personas con problemas de salud mental. Cabe recordar que, según los últimos datos del INE, de 2021, la discapacidad psicosocial es la segunda con menor tasa de empleo; de las personas con este tipo de discapacidad, solo un 17,7% tiene trabajo.

Tal y como recoge el documento, el estigma y los prejuicios que mantienen muchas empresas y Administraciones públicas constituyen dos de las principales causas de la elevada tasa de desempleo y unos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las personas con problemas de salud mental, prácticamente imposibles de sortear.

Tal es así, que un 11% de las personas diagnosticadas con un problema de salud mental dice no haber contado su diagnóstico a nadie, según se pone de manifiesto en el estudio ‘La situación de la salud mental en España’, publicado por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña.

El estudio revela que el miedo a generar desconfianza y a ser etiquetadas hace que las personas con trastorno mental eviten revelar su problema en una entrevista de trabajo y solo un 12,9% de las que tienen un diagnóstico lo comparte con sus compañeros y compañeras de trabajo. Esta desconfianza, según los datos que aporta este informe, está más que justificada ya que más de la mitad de las personas diagnosticadas ha sufrido rechazo social (58,5%) o discriminación (55%), siendo el trabajo el lugar más habitual, señalado en alrededor de 1 de cada 3 casos de discriminación.

Desde nuestro movimiento asociativo en Castilla y León son muchas las acciones que se enfocan, decididamente, a la mejora de la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental. Concretamente, dentro del documento han querido destacar, como buena práctica, una de las últimas iniciativa desarrolladas desde nuestra Federación y que es la ‘Guía de adaptaciones y buenas prácticas. Salud Mental y Bienestar en el Trabajo’. Un trabajo, que ha contado con el apoyo económico de Fundación ONCE, en el marco de su convocatoria general, y que está dirigida al tejido empresarial, cuyo fin es favorecer e impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad psicosocial.

Las conclusiones de esta guía indican que los ajustes deben girar en torno a la personalización y la flexibilidad, por lo general, son de bajo coste, y suelen beneficiar a toda la plantilla, con
independencia de que las personas que la componen tengan o no discapacidad.

El derecho al trabajo y al empleo está recogido en el artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un instrumento internacional de carácter vinculante para todos los países firmantes, y al que España se adhirió en 2008. “Sin embargo, y pese al desarrollo a nivel internacional de estos instrumentos de protección, el colectivo de personas con problemas de salud mental sigue teniendo de las tasas más bajas de empleo de toda la discapacidad, con las consecuencias que esto tiene de empobrecimiento, falta de independencia, empeoramiento del trastorno mental, etc.”, lamenta Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

El derecho al trabajo, recogido en el artículo 26 de la CDPD, va muy unido al derecho de las personas con discapacidad a participar y vivir en la comunidad de manera independiente (artículo 19 de la CDPD), con las mismas oportunidades y condiciones que el resto de la sociedad. Para conseguirlo, tener un trabajo y un salario digno juegan un papel básico.

En esta línea, el Informe sobre el estado de los Derechos Humanos, 2022, dedica un amplio espacio a reconocer la importancia que tiene para las personas con discapacidad psicosocial la figura de la asistencia personal, ya no solo porque se trata de un servicio de apoyo que facilita su autonomía, sino también por constituir una oportunidad laboral para las personas con problemas de salud mental.

Igualmente, dentro del movimiento asociativo en Castilla y León se ha trabajado intensamente en potenciar el servicio de asistencia personal y el modelo de apoyo de pares como una de las mejores medidas de fomentar la autonomía y los proyectos de vida de las personas. En línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad quien avala la utilización de la asistencia personal según la metodología de apoyo de pares, está resultando una experiencia “muy enriquecedora y beneficiosa”, ya que, como se señala en el informe, “las personas que trabajan como asistentes personales cuentan con un saber experiencial, que las capacita para acompañar a otras en un recorrido con el que ya están familiarizadas”.

Concretamente, las personas usuarias de los servicios de asistencia personal de nuestras asociaciones aumentaron un 15% en 2022, situándose en 739 las personas que reciben estos apoyos bajo este modelo de vida independiente e inclusión comunitaria. A lo largo de 2022 nuestras asociaciones atendieron a 739 personas (49% mujeres y 51% hombres) a través de sus servicios de asistencia personal, una cifra que crece año tras año y que se convierte en uno de los principales recursos de apoyo e inclusión en la comunidad de nuestro movimiento asociativo.

También aumentó el número de personas que recibieron asistencia personal a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), mediante la prestación económica de asistencia personal, un total de 546 personas, el 74% del total de personas que reciben los apoyos.

No obstante, el propio informe destaca otra de las iniciativas desarrolladas por la Federación de la mano de su entidad FAEMA Salud Mental Ávila. En concreto, refieren el Estudio sobre el Servicio de asistencia personal de FAEMA Salud Mental Ávila: metodología Retorno Social de la Inversión (SROI), a través del cual pudimos conocer el impacto socioeconómico del Servicio de Asistencia Personal implantado en la asociación Salud Mental Ávila FAEMA, que se concreta en una ratio que compara el valor del servicio y la inversión necesaria para alcanzar ese impacto.

En este sentido, el estudio arrojó datos como que por cada 1 euro invertido en el servicio de asistencia personal para personas con problemas de salud mental gestionado por la Asociación FAEMA, se ha conseguido retornar a la sociedad 3,59 € en concepto de valor socio-económico.

Cabe destacar que la intervención de nuestro movimiento asociativo a través de la prestación de asistencia personal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) representa casi el 27% del total de las prestaciones de asistencia personal en Castilla y León.